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En cuestiones de salud, ¿Resultaría lógico pensar?

Es evidente, que la pandemia ocasionada por el Covid – 19, ha desnudado la miseria de nuestro sistema de salud así como la apremiante necesidad de asumir medidas de emergencia para que el Estado pueda garantizar éste derecho. En ese sentido, resultaría lógico pensar que las autoridades tengan reuniones, en las que formulen varias alternativas, unas más factibles que otras. Sin embargo, lo que no resulta lógico, es que una autoridad de Gobierno, asumiendo una cartera que no le corresponde asuma una especie de vocería, y que, en conferencia de prensa, a manera de soluciones a la crisis sanitaria, realice declaraciones que chocan con la realidad, la legalidad y la razonabilidad.

En este sentido, cuando el Ministro de Gobierno sale a la palestra y afirma que la Caja Nacional de Salud ha colapsado ya que no atiende ni siquiera la mitad de sus asegurados, lo lógico sería pensar: a) que la solución pasaría por la necesidad de desburocratizar la prestación de servicios para que los asegurados accedan a pruebas rápidas de forma oportuna, evitando que la gente enferma y que necesita reposo y cuidado, permanezca varios días haciendo filas alrededor de los Policlínicos; y b) que se desburocratice la compra de servicios para que los asegurados sean atendidos con la celeridad necesaria en otros establecimientos de salud, analizando por supuesto, un mecanismo ágil de conciliación de cuentas que no esté condicionado a deudas anteriores. Lo que no resulta lógico, es que se plantee como alternativa la expropiación de clínicas privadas. Ello, sin considerar que la afectación del derecho propietario, debe ser realizada previa ley formal de necesidad pública, emanada de la autoridad legislativa competente y que la calificación de un justiprecio, puede ser judicializada, razonamiento que se aplica también a los cementerios privados y la necesaria afectación de derechos de terceros; pues es importante tener en cuenta que los terrenos, que existen en esos campos santos, son de propiedad de particulares, quienes tienen inscrito un derecho propietario sobre el reducido bien inmueble, independientemente que sean potenciales usuarios de esos terrenos.

Es así que, luego de tan confusas declaraciones, el Ministro se vio en la necesidad de hacer algunas “aclaraciones”, señalando en esta oportunidad que: “Necesitamos hacer una intervención y se puede ver de un lado más bonito, necesitamos hacer una alianza entre públicos y privados donde si es necesario comprar un hospital lo compraremos, si es necesario intervenirlo y pagar el alquiler lo haremos”. En este punto ya no resultaría lógico pensar; sino que es posible asegurar que el Ministro de Gobierno tiene una preocupante confusión de conceptos, ya que, en un primer momento, infiere que expropiación puede ser tomada como sinónimo de “intervención”, confundiendo la afectación del derecho propietario de un tercero, con la imposición temporal de una administración respecto a una determinada institución prestadora de un servicio público. Mucho peor resulta, que en un segundo momento, diga que desde un lado más “bonito”, la intervención se refiere a una alianza, entre prestatarios de servicios de salud públicos y privados, y donde el Estado comprará un hospital, pero no con dinero del Estado; sino con los ahorros de los asegurados de la Caja Nacional de Salud; pero además entienda que el término “intervención” es sinónimo de contrato de alquiler obligatorio, en el que se puede constreñir a un particular a alquilar su clínica; pero sin derecho a administrar la misma, dejando de lado, que la base de los contratos, como es el de alquiler, es el mutuo consentimiento de las partes.

Por otro lado, el Ministro de Gobierno, en sus aclaraciones señaló lo siguiente: “Posiblemente el tema de expropiación en un precio justo no se ha entendido bien, si no se ha entendido bien, lo corregimos. Nosotros no somos el MAS, nosotros no somos locos, pero sí nos preocupamos de verdad por el pobre, por el más necesitado, porque los ricos no tienen problemas”. Lo cual no pasa de una sana pero irreflexiva, intención, pues si el gobierno desea pensar en los pobres, antes de determinar que se compren establecimientos de salud privados para la Caja Nacional de Salud, debiera tomar en cuenta que actualmente dicha institución sufre un secuestro de parte de sindicatos, federaciones, gremios y la Central Obrera Boliviana, mismos que han institucionalizado la corrupción, especialmente, en lo que respecta a la adquisición de bienes y construcción de infraestructura, de tal manera que más compras hechas en un cuestionable sistema, nos llevaría a vivir una y otra vez, lo que sucedió hace unos meses, cuando un grupo interno denunció, que la oficina nacional de la Caja Nacional de Salud, estaba adquiriendo con un escandaloso sobreprecio, insumos médicos para el tratamiento del Covid-19 y en respuesta el otro se defendió señalando que se anuló el contrato por casus imputables al proveedor; por lo que aquí no había pasado nada y sin mayor consecuencia. Aspectos, que a la larga inciden, no sólo en la efectiva prestación de servicios de sus asegurados, sino en la economía de los aportantes que, en una buena parte, son esos “más pobres” a los que se refiere el Ministro.

Todo lo señalado muestra que, para hablar de alternativas frente a la crisis sanitaria en Bolivia, no sólo resulta lógico pensar, sino además es imprescindible hacerlo. Pues si incurrimos en un mensaje de ideas no muy claras, mostramos a la población una improvisada gestión de la salud, lo que, lejos de provocar una sensación de tranquilidad, enciende más focos de conflictividad de sectores que lógicamente reaccionarán contra quienes pretendan afectar sus intereses, amén de la oportunidad de otros que aprovecharán los yerros del gobierno para sacar ventaja política a costa de la salud.