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Reforzar las Políticas Públicas Nacionales de Educación sobre los Derechos Humanos de las Comunidades LGBTI+ en Bolivia

La creciente violencia de género en Bolivia, reclama la urgente atención por parte del Estado. Los hechos de violencia registrados en las últimas semanas, también nos empujan a analizar la situación de vulnerabilidad de las comunidades LGTBI+ y el aumento de crímenes de odio en Bolivia.

En los últimos años, organizaciones de defensa de los derechos LGTBI+ en Bolivia, han registrado el asesinato de más de 60 personas. De todos ellos, sólo el caso de Dayana Kenia –asesinada en el año 2019– llegó a instancias judiciales y cuenta con sentencia. Esta estadística, refleja la extrema vulnerabilidad en la que viven los miembros de esta comunidad, por la desatención y deficiencia de las instancias judiciales para realizar las investigaciones y dictar sentencias oportunas.  A esto se debe agregar otra consecuencia vulneradora de derechos: no existen estadísticas oficiales por parte del Estado de los hechos de violencia y denuncias que nos permitan dimensionar realmente estos crímenes.

Además, se evidencia una tendencia alarmante en la forma de la violencia ejercida, que incluye tortura previa al asesinato. El ciclo de violencia y discriminación hacia las personas transexuales, se inicia desde los propios hogares; al exponer su realidad sufren acoso, discriminación y no se les permite ejercer una ciudadanía plena. Debido al rechazo de la sociedad, se ven obligadas a sobrevivir como trabajadoras sexuales, situación que las deja expuestas a sufrir ataques violentos.  El 75% de las denuncias de personas LGTBI+ en Bolivia son por discriminación y desalojo, por lo que es urgente trabajar en normas que garanticen en igualdad de oportunidades, su acceso al trabajo, salud, educación y vivienda.

Debemos reconocer, que ha habido algunos avances sobre el reconocimiento derechos de las personas LGTBI+ en Bolivia. En las pasadas elecciones quienes cambiaron de identidad, amparadas en la Ley Nº 807 de Identidad de Género[1], pudieron votar con su nueva identidad. Asimismo, en el año 2017, el Tribunal Supremo Electoral, instruyó al Servicio de Registro Civil (SERECI) reconocer el matrimonio civil de personas transexuales y transgénero; pero aún queda mucho camino que recorrer.  

El Observatorio de Derechos Humanos y Justicia de Bolivia, insta al Estado a reforzar y promover la defensa de los derechos de las comunidades LGBTI+, a crear políticas públicas de educación y respeto, además de formular leyes puntuales que categoricen los crímenes de odio y así propender a la obtención de sentencias justas.


[1] http://www.diputados.bo/leyes/ley-n%C2%B0-807

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