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La represión en Chaparina permanece en la impunidad

Hace casi nueve años, mujeres, niñas, niños, hombres y adultos mayores de varios pueblos indígenas, así como defensores del medio ambiente protestaron en la “VIII Gran Marcha Indígena en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), la dignidad, la vida, y los derechos de los pueblos indígenas”, en la que recorrieron alrededor de 120 kilómetros hacia la ciudad de La Paz, para que no se efectivice la construcción de una carretera que uniría el departamento de Cochabamba con Beni, y que atravesaría en medio del TIPNIS.

El 25 de septiembre de 2011, después de que colonos afines al partido del MAS habrían bloqueado la carretera los marchistas establecieron un campamento para descansar en la localidad de San Miguel de Chaparina. Sin embargo, se realizó una intervención policial con la participación de al menos 500 oficiales. Los agentes policiales rodearon el campamento y lanzaron gases lacrimógenos, creando caos entre las personas indígenas. Los agentes policiales golpearon duramente[i] a hombres, mujeres, niños y niñas, los insultaron y denigraron verbalmente, los amordazaron y maniataron, y al final los subieron a buses y camionetas (algunas personas sin ropa, maniatadas todavía y boca abajo, apiladas las unas sobre las otras) que esperaban en la carretera para que sean transportados hasta el aeropuerto más próximo.

Las personas indígenas y manifestantes detenidas no habían sido informadas de cuál era la razón de su detención, y durante el caos de la intervención, varias de ellas habrían huido a esconderse en el monte, y mujeres y hombres habrían sido separados de sus hijos e hijas, situación que les generaría angustia y desesperación. Al estar detenidas en los buses, no se les habría proporcionado atención médica inmediata, porque había varias personas heridas. Finalmente, durante el tiempo de espera en el aeropuerto de Rurrenabaque, donde finalmente las personas detenidas habrían sido conducidas, éstas se encontraban en total ignorancia sobre cuál iba a ser su destino. [1] Defensoría del Pueblo, Informe defensorial: respecto a la violación de derechos humanos en la marcha indígena, Pág. 28, https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/informe-respecto-a-la-violacion-de-los-derechos-humanos-en-la-marcha-indigena.pdf

Corrían rumores de que todos iban a ser llevados a Trinidad o a Venezuela[i] en un avión tipo Hércules. Mientras los policías hacían ingresar a las personas indígenas en aviones de Transporte Aéreo Militar, pobladores indígenas de Rurrenabaque y de zonas aledañas habrían impedido el despegue y el aterrizaje de otros aviones al bloquear la pista, encendiendo fogatas y cubriendo de palos y piedras la misma. Tras estos acontecimientos, las personas indígenas detenidas habrían sido liberadas.

Las conductas de efectivos de las fuerzas del orden, habrían incurrido en una vulneración a los derechos humanos de las personas indígenas que integraron la VIII Marcha Indígena, al haber lesionado el derecho a la integridad y a la libertad de las víctimas. Asimismo, las fuerzas policiales no actuaron autónomamente, sino que luego se conocería que la represión fue ordenada por el ex Ministro de Gobierno y ex embajador ante ONU, Sacha LLorenti. Para entender ello, es necesario recordar lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y las convenciones internacionales respectivas.[1] Íd., Pág. 39, https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/informe-respecto-a-la-violacion-de-los-derechos-humanos-en-la-marcha-indigena.pdf

Derecho a la integridad

La Constitución expresa en su artículo 15 que: “toda persona tiene derecho a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes”. Asimismo, el artículo 114. num. I del mismo cuerpo legal, determina la prohibición de “toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia fisca y moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan, serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley”.

Al respecto, el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establece: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (…)”.

La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST) determina lo siguiente en su artículo 2:

(…) se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.

La CIPST, en su artículo 3 también determina la responsabilidad de la tortura: “a. los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan (…)”.

El artículo 4 de la misma norma internacional indica que “el hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la responsabilidad penal correspondiente”.

Finalmente, la CIPST dictamina, en su artículo 5 que: “No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias tales como (…) conmoción o conflicto interior (…) u otras emergencias o calamidades públicas”.

Derecho a la libertad

La Constitución establece en su artículo 23, el derecho de toda persona a la libertad y seguridad personas; al respecto, indica que: “II. Nadie puede ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito (…)”.

El artículo 7 de la CADH trata sobre el derecho a la libertad personal y menciona:  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.  

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales (…).

Evidencia de tratos crueles e inhumanos y detención arbitraria

Varias personas indígenas y manifestantes que conformaban la VIII Marcha, describieron ante varias instituciones las agresiones y otros malos tratos de los que habrían sido víctimas. Aparte de la agresión física, mencionaron haber sufrido agresiones verbales ofensivas y discriminatorias; y además, manifestado sentimientos de miedo, humillación, inferioridad y angustia, al ser separadas las mujeres y hombres de sus familias y también de sus hijos. Asimismo, quienes no pudieron escapar al monte, fueron maniatados y amordazados con cinta adhesiva, y obligados a permanecer boca abajo por un período extenso de tiempo.

En ese sentido, cabe aclarar primero, que las detenciones fueron ilegales y arbitrarias puesto que no existía flagrancia de la comisión de algún delito, ni una orden judicial justificada para su detención. Lo cierto es que el móvil de la detención fue la desarticulación de una protesta que perjudicaba mediáticamente al gobierno del ex presidente Evo Morales.

Por otro lado, las características personales y psicológicas de quienes protestaban cobran relevancia a la hora de evaluar el grado de afectación en la integridad personal de las víctimas. En ese sentido, luego de caminar durante varios kilómetros y días, además de la desprotección por encontrarse en una carretera alejada de ciudades y sin acceso a abogados o comunicaciones fluidas, las personas detenidas se encontraban en una posición de vulnerabilidad. Asimismo, las personas parte de pueblos indígenas merecían una protección reforzada conforme a jurisprudencia constitucional. En ese contexto la forma violenta en que las fuerzas policiales reprimieron a los manifestantes, incluso llegándolos a amordazar con cinta adhesiva innecesariamente, la sensación de asfixia por el tipo de mordaza, el traslado ilegal y las amenazas de una desaparición forzada y confinamiento en otro país, resultan de especial gravedad. Por ello, de un análisis preliminar a la se puede afirmar que fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos, pudiendo calificar la actuación como tortura física y psicológica.

Lo cierto es que luego de deficientes y parcializadas investigaciones, los mandos policiales y gubernamentales que ordenaron la represión, no fueron debidamente procesados ni sancionados. Es decir, la represión de Chaparina queda impune con la responsabilidad internacional que nace de aquella omisión estatal.

Por ello, es necesario activar las vías legales internacionales para investigar debidamente, procesar imparcialmente y sancionar acorde a normas bolivianas, a los autores intelectuales y materiales de estos crímenes. Este artículo recuerda los hechos y llama a la acción para evitar que tales violaciones de derechos humanos se repitan.

  



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El Proyecto de Ley presentado por la Senadora Eva Copa, violaría el Derecho a la Libertad de Expresión

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Villa Ingenio: Principios para el uso de la fuerza

Hace casi dos semanas se conoció sobre la intervención policial en el sector del relleno sanitario de Villa Ingenio en la ciudad de El Alto. Ante los bloqueos registrados en la zona por parte de vecinos del lugar pidiendo el cierre del botadero, la policía habría ocupado la zona disparando gases lacrimógenos, e ingresado a domicilios particulares causando destrozos y realizando detenciones. Además, mujeres habrían sido golpeadas por policías, e incluso un adolescente de 15 años de edad habría sido herido en su domicilio, como resultado de un golpe recibido por un proyectil de agente químico disparado por agentes estatales.

La Fundación no desconoce la existencia de un justificativo necesario para la intervención policial y consecuente dispersión de una protesta que pueda poner en riesgo la salud y la vida de los demás habitantes por el bloqueo del relleno sanitario, en especial teniendo en cuenta la época de pandemia por COVID-19 que atraviesa el país. Y tampoco ignora los riesgos que la existencia del botadero pueda implicar para los vecinos de la zona de Villa Ingenio. Sin embargo, la Fundación recuerda al Estado que la dispersión de una protesta no es sinónimo de descontrol, sino que el uso de la fuerza por parte de agentes estatales debe enmarcarse en la legalidad, proporcionalidad y la absoluta necesidad.

Respecto a cualquier intervención realizada por las fuerzas del orden, se maneja un criterio específico de derecho internacional (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, fondo reparaciones y costas, sentencia del 24 de octubre de 2012, serie C, núm. 251). Esto es, que dichos agentes estatales deben actuar a partir de tres principios: a) legalidad, b) absoluta necesidad y c) proporcionalidad.

a) Legalidad. Tiene dos elementos: i) debe existir un marco jurídico que regule la forma en que se utiliza la fuerza en cada caso, y ii) debe existir un objetivo legítimo para el uso de la fuerza. 

b) Absoluta necesidad. Que el uso de la fuerza se debe limitar únicamente a la falta de disponibilidad o inexistencia de otros mecanismos que sean aplicables a cada situación que se busque proteger. En este sentido, el uso de la fuerza por agentes estatales debe ser empleado como un último recurso. No se puede justificar la absoluta necesidad de utilizar la fuerza contra personas que no estén presentando un peligro directo; e incluso cuando si no se utilizara la fuerza se pierda la oportunidad de captura.   

3) Proporcionalidad. El grado de fuerza utilizado debe ir de acuerdo con el grado de resistencia ofrecido. De esta manera, los agentes estatales están en la obligación de emplear un criterio de uso diferenciado y gradual de la fuerza, estableciendo el nivel de cooperación, resistencia o agresión de parte de la persona a la cual se pretende intervenir, y por ende, emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza, según corresponda.

De esta manera, tenemos tres principios de actuación que deben ser seguidos siempre por agentes estatales, los cuales conllevan obligaciones específicas de actuación, y que, a su vez, deben ser evaluadas de acuerdo con el contexto y las circunstancias del caso específico.

Si, como resultado de la utilización de la fuerza por agentes estatales, resultan heridas una o más personas, los servicios médicos correspondientes también deben prestarse y facilitarse, así como notificar lo sucedido cuanto antes a familiares o amistades cercanas. En el caso que nos ocupa, esto no se cumpliría en su totalidad, debido a que el adolescente agredido habría necesitado una intervención quirúrgica a partir del golpe recibido. La misma no se habría facilitado inmediatamente, porque la familia habría tenido dificultades en cubrir los gastos al ser de escasos recursos. 

Todo lo anterior generaría una situación en la que agentes estatales no cumplirían a cabalidad con lo que dictan la normas nacionales, y que las autoridades que ordenan las intervenciones no estarían tomando en cuenta las obligaciones a las que se halla sujeto el Estado boliviano por los instrumentos internacionales que ha suscrito en materia de derechos humanos.

Por ello, recomendamos que el Estado boliviano recuerde que los agentes estatales tienen la obligación de asimilar los criterios expuestos en su diario actuar, así como de comprender la necesidad de respeto y garantía de los derechos humanos como base para una intervención adecuada, no sólo en protestas, sino en cualquier situación. Hacer lo contrario supondría un mayor riesgo para las personas que se supone están en el deber de proteger, al no generarse las condiciones para garantizar la seguridad de las mismas.  

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Derechos Humanos: ¿Sólo de algunos?

En estos días fue de conocimiento público cómo una persona, que presuntamente habría robado a una mujer, fue detenida y golpeada severamente por un militar que se encontraba deambulando por el lugar de los hechos. El referido hecho produjo una serie de comentarios diametralmente opuestos, toda vez que unos aplaudían el accionar del uniformado, ante la inexistencia de una efectiva intervención policial y la crisis de un sistema judicial (incluidos ministerio público e investigadores policiales), los que parecerían más proclives a lucrar con la libertad, antes que buscar la adecuada determinación de responsabilidades y la protección a las víctimas.

Por su parte, otros cuestionaban la actitud, señalando que los derechos humanos deben ser garantizados por el Estado en todo momento, por lo que un funcionario público, y más aún, que ejerce el poder de las armas, no puede abusar de su poder para actuar desproporcionalmente en un delito infraganti y vulnerar la integridad de un presunto delincuente; y señalando además que no convalidar las acciones del militar no sólo propician la delincuencia, sino la indiferencia ante una situación dramática en algunos sectores en los que es elevado el índice de criminalidad. Al respecto, es importante hacer algunas puntualizaciones: a) que los derechos humanos no son otorgados por la población ni el Estado, sino que son inherentes a las personas por su sola condición de seres humanos; b) que los derechos humanos tienen el carácter de universales, lo cual permite que todo ser humano, sin excepción alguna, tenga acceso a ellos, en todo tiempo y circunstancia; y c) que la eventual restricción o intervención sobre algún derecho (detención), debe ajustarse a parámetros legales, donde se encuentren establecidos objetivamente los límites y las condiciones de dicha intervención.

Así como existe un deber de respeto por los derechos de las personas, Inter Alia, la integridad física de las personas, existe una obligación igual de trascendencia para los Estados, como es garantizar a todos los estantes y habitantes que se encuentren en su territorio, la libertad y seguridad en el ejercicio de sus derechos. Lo cual importa que, si por alguna razón hay un quebrantamiento del orden público (hurto o un robo), deben existir mecanismos reales y efectivos que aseguren una investigación cierta de los hechos para la determinación de responsabilidades de los autores, cómplices e instigadores, así como los medios para determinar la reparación del daño ocasionado a las víctimas. De esta manera, la inexistencia de los elementos anteriormente descritos, implican una violación de los derechos humanos por la omisión estatal a este deber básico reconocido en esta materia.

Sin desconocer la facultad que tiene cualquier persona de practicar la aprehensión en caso de flagrancia (que el autor se encuentre en plena ejecución del delito o fuga), se debe considerar que el límite de dicha intervención extraordinaria es procurar la entrega inmediata del “delincuente” a las autoridades policiales, de la fiscalía o a la autoridad más cercana. Es necesario reconocer que no existe la posibilidad de que se pueda ejercer justicia por mano propia, lo que implica “cualquier acto ejecutado por una autoridad pública o particular que, atribuyéndose el ejercicio legítimo de sus derechos subjetivos, adopte medidas de hecho y ejerciendo justicia por mano propia, incurra en hechos ilegales que a su parecer resuelvan controversias o conflictos con sus semejantes” (SCP 0906/2019-S4). Ello, en razón a que, si admitiéramos la delegación de nuestros derechos y la justicia a una o varias personas para que éstas puedan ejercer la violencia contra quienes vulneran nuestros derechos, básicamente estaríamos quebrantando el pacto elemental de convivencia social, desnaturalizando la norma constitucional, pues “(…) el sólo hecho de pertenecer a un colectivo humano organizado en un Estado, supone la proscripción de toda forma de venganza o justicia por mano propia, ya que la institucionalidad estatal se basa en la pacífica convivencia de las personas, quienes, para lograr ese objetivo, desisten de materializar sus derechos por sí mismos, para encargar la dilucidación de sus controversias a las autoridades instituidas por el Estado” (SC 0374/2007-R).

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En cuestiones de salud, ¿Resultaría lógico pensar?

Es evidente, que la pandemia ocasionada por el Covid – 19, ha desnudado la miseria de nuestro sistema de salud así como la apremiante necesidad de asumir medidas de emergencia para que el Estado pueda garantizar éste derecho. En ese sentido, resultaría lógico pensar que las autoridades tengan reuniones, en las que formulen varias alternativas, unas más factibles que otras. Sin embargo, lo que no resulta lógico, es que una autoridad de Gobierno, asumiendo una cartera que no le corresponde asuma una especie de vocería, y que, en conferencia de prensa, a manera de soluciones a la crisis sanitaria, realice declaraciones que chocan con la realidad, la legalidad y la razonabilidad.

En este sentido, cuando el Ministro de Gobierno sale a la palestra y afirma que la Caja Nacional de Salud ha colapsado ya que no atiende ni siquiera la mitad de sus asegurados, lo lógico sería pensar: a) que la solución pasaría por la necesidad de desburocratizar la prestación de servicios para que los asegurados accedan a pruebas rápidas de forma oportuna, evitando que la gente enferma y que necesita reposo y cuidado, permanezca varios días haciendo filas alrededor de los Policlínicos; y b) que se desburocratice la compra de servicios para que los asegurados sean atendidos con la celeridad necesaria en otros establecimientos de salud, analizando por supuesto, un mecanismo ágil de conciliación de cuentas que no esté condicionado a deudas anteriores. Lo que no resulta lógico, es que se plantee como alternativa la expropiación de clínicas privadas. Ello, sin considerar que la afectación del derecho propietario, debe ser realizada previa ley formal de necesidad pública, emanada de la autoridad legislativa competente y que la calificación de un justiprecio, puede ser judicializada, razonamiento que se aplica también a los cementerios privados y la necesaria afectación de derechos de terceros; pues es importante tener en cuenta que los terrenos, que existen en esos campos santos, son de propiedad de particulares, quienes tienen inscrito un derecho propietario sobre el reducido bien inmueble, independientemente que sean potenciales usuarios de esos terrenos.

Es así que, luego de tan confusas declaraciones, el Ministro se vio en la necesidad de hacer algunas “aclaraciones”, señalando en esta oportunidad que: “Necesitamos hacer una intervención y se puede ver de un lado más bonito, necesitamos hacer una alianza entre públicos y privados donde si es necesario comprar un hospital lo compraremos, si es necesario intervenirlo y pagar el alquiler lo haremos”. En este punto ya no resultaría lógico pensar; sino que es posible asegurar que el Ministro de Gobierno tiene una preocupante confusión de conceptos, ya que, en un primer momento, infiere que expropiación puede ser tomada como sinónimo de “intervención”, confundiendo la afectación del derecho propietario de un tercero, con la imposición temporal de una administración respecto a una determinada institución prestadora de un servicio público. Mucho peor resulta, que en un segundo momento, diga que desde un lado más “bonito”, la intervención se refiere a una alianza, entre prestatarios de servicios de salud públicos y privados, y donde el Estado comprará un hospital, pero no con dinero del Estado; sino con los ahorros de los asegurados de la Caja Nacional de Salud; pero además entienda que el término “intervención” es sinónimo de contrato de alquiler obligatorio, en el que se puede constreñir a un particular a alquilar su clínica; pero sin derecho a administrar la misma, dejando de lado, que la base de los contratos, como es el de alquiler, es el mutuo consentimiento de las partes.

Por otro lado, el Ministro de Gobierno, en sus aclaraciones señaló lo siguiente: “Posiblemente el tema de expropiación en un precio justo no se ha entendido bien, si no se ha entendido bien, lo corregimos. Nosotros no somos el MAS, nosotros no somos locos, pero sí nos preocupamos de verdad por el pobre, por el más necesitado, porque los ricos no tienen problemas”. Lo cual no pasa de una sana pero irreflexiva, intención, pues si el gobierno desea pensar en los pobres, antes de determinar que se compren establecimientos de salud privados para la Caja Nacional de Salud, debiera tomar en cuenta que actualmente dicha institución sufre un secuestro de parte de sindicatos, federaciones, gremios y la Central Obrera Boliviana, mismos que han institucionalizado la corrupción, especialmente, en lo que respecta a la adquisición de bienes y construcción de infraestructura, de tal manera que más compras hechas en un cuestionable sistema, nos llevaría a vivir una y otra vez, lo que sucedió hace unos meses, cuando un grupo interno denunció, que la oficina nacional de la Caja Nacional de Salud, estaba adquiriendo con un escandaloso sobreprecio, insumos médicos para el tratamiento del Covid-19 y en respuesta el otro se defendió señalando que se anuló el contrato por casus imputables al proveedor; por lo que aquí no había pasado nada y sin mayor consecuencia. Aspectos, que a la larga inciden, no sólo en la efectiva prestación de servicios de sus asegurados, sino en la economía de los aportantes que, en una buena parte, son esos “más pobres” a los que se refiere el Ministro.

Todo lo señalado muestra que, para hablar de alternativas frente a la crisis sanitaria en Bolivia, no sólo resulta lógico pensar, sino además es imprescindible hacerlo. Pues si incurrimos en un mensaje de ideas no muy claras, mostramos a la población una improvisada gestión de la salud, lo que, lejos de provocar una sensación de tranquilidad, enciende más focos de conflictividad de sectores que lógicamente reaccionarán contra quienes pretendan afectar sus intereses, amén de la oportunidad de otros que aprovecharán los yerros del gobierno para sacar ventaja política a costa de la salud.

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Caso: Asesinato y violación de niña Esther en el Alto

La Fundación aplaude las acciones tomadas por la Presidente Añez para lograr una sentencia en contra del autor de la muerte y violación de la niña Esther en la ciudad de El Alto. Sin embargo, pide recordar el deber del Estado boliviano de garantizar los derechos humanos de niños y niñas, y la necesidad de aplicar otras medidas para erradicar la violencia, como la prevención a través de la educación, el cambio de paradigmas violentos normalizados, y la modificación de comportamientos sexistas para derrumbar la estructura patriarcal.

Recordemos que la sola existencia de violencia sexual y asesinatos contra niñas en el territorio nacional, vulnera los derechos humanos a la integridad e incluso a la vida, derechos establecidos en la Constitución Política del Estado (art. 15) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 4 y 5).

Siguiendo esta lógica, el mensaje de la Presidente Añez, de “no permitir ningún tipo de violencia” y de sólo buscar una sentencia para el autor de la violación y asesinato de la niña Esther, no resolvería en sí mismo la situación de violencia contra las niñas en el país, ni garantizaría que la misma no se vuelva a cometer, porque se estaría enfocando directamente en las consecuencias de la violencia.

Tampoco resolvería la situación de los perpetradores, al limitarlos a engrosar el número de personas privadas de libertad en un sistema carcelario distorsionado, puesto que en Bolivia se cuenta con centros penitenciarios hacinados, donde existen muchas personas detenidas preventivamente, a la espera de una sentencia (absolutoria o condenatoria) o de celeridad para que comiencen sus juicios.

Tampoco garantizaría que los perpetradores no cometan los mismos hechos al salir de la cárcel, ya que la prisión en Bolivia no estaría orientada, en la práctica, a la resocialización, debido principalmente a la ausencia de políticas orientadas al apoyo psicológico a los delincuentes, y a lograr una justicia restaurativa, donde el perpetrador de actos violentos asuma la responsabilidad sobre los mismos.

Y, sobre todo, dicho mensaje no brindaría una solución a todos los casos, a nivel nacional, donde no existe apoyo psicológico ni ayuda financiera para las víctimas y/o sus familiares, ni tampoco existen sentencias condenatorias contra los perpetradores de hechos violentos contra niñas, quienes en su momento han sido procesados, pero que continúan libres aún.

Por lo tanto, recomendamos al Estado boliviano tomar acciones enfocadas a crear una realidad donde se garanticen y protejan los derechos humanos. Una realidad donde se priorice el mejoramiento del sistema carcelario, por un lado, y por otro, donde los hechos de violencia no se aborden sólo desde las consecuencias, sino que puedan prevenirse. En este sentido, es importante que el esfuerzo estatal esté dirigido a crear una conciencia de repudio hacia las conductas sexistas, la deconstrucción de la violencia estructural y a buscar el derrumbamiento de las estructuras patriarcales. El Estado está en la capacidad de realizar campañas que promuevan valores inclusivos, generen un mensaje de no violencia hacia niños y niñas, y fortalezcan conductas de respeto hacia los derechos humanos. Para tal fin, es fundamental que los mensajes que envíe sean constantes, y que las conductas se apliquen primordialmente en todos los órganos y niveles de gobierno.

Áñez instruye acciones legales hasta llegar a una sentencia en contra del asesino de la niña Esther.
Fuente: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200707/anez-instruye-acciones-legales-llegar-sentencia-contra-del-asesino-nina

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TIPNIS: Responder por una década de Impunidad

El 25 de septiembre de 2011, se produjo en nuestro país, una violenta intervención policial en contra de hombres, mujeres, niñas y niños que conformaban la “VIII Marcha Indígena en Bolivia: Por la Defensa del Territorio, la Vida y los Derechos de los Pueblos Indígenas”. Ese día, aproximadamente 500 efectivos rodearon el campamento y esparcieron una lluvia de gases lacrimógenos que condujo a los marchistas a una emboscada; cientos de ellos fueron brutalmente golpeados, maniatados, amordazados y apilados en buses y camionetas; para luego ser trasladados a San Borja y posteriormente a Rurrenabaque, apilados como carga, sin poder moverse, sin recibir auxilio médico; sin agua, a golpe de culatazos y bajo un clima de amedrentamiento en el que se les insultaba, humillaba y se les decía que, en cuanto lleguen los aviones, serían transportados a Venezuela y Cuba.

De acuerdo a los informes oficiales, la grave violación de los derechos humanos de cientos de personas que tan sólo trataban de proteger un territorio sagrado y biodiverso como pocos en el mundo, no fue un acto improvisado, espontáneo o reactivo a una provocación o ataque a la policía. Por el contrario, el operativo policial en Chaparina, fue planificado detallada y anticipadamente desde La Paz y uno de los autores principales fue el entonces Ministro de Gobierno, Sacha LLorenti, quien según la Defensoría del Pueblo, no sólo organizó y coordinó con los altos mandos policiales el ataque a los indígenas; sino que inclusive días atrás, dispuso el traslado a Yucumo de varios de sus funcionarios, a la cabeza del Director General de Régimen Interior, Boris Villegas Rocabado, quien  luego, recordemos fue detenido por encabezar la nefasta red de extorsión desde el Ministerio de Gobierno.

Este grupo de funcionarios del Ministerio de Gobierno, de acuerdo a su jerarquía, debían coordinar y coadyuvar a la policía, para la ejecución del ataque a los marchistas. Así, tenían que encargarse de lo grande, como comprar alimentos para 76 efectivos, 1.000 litros de combustible, 1.200 litros de agua, además de contratar los buses para el traslado de los detenidos y asegurar la llegada de los aviones de Transporte Aéreo Militar para concretar el confinamiento de los indígenas. Pero también de lo pequeño. Así, como consta de la factura de compra Nº 01135 de 25 de septiembre de 2011, extendida de la ferretería “Alán”, debían comprar 20 tenazas cortafrío y 10 docenas de cinta adhesiva masquín, con lo que se debía maniatar y amordazar a las víctimas y si bien la corrupción no da factura; la tortura parece que sí.  Con todo ello, resulta indignante a la luz de los derechos humanos, verdad y justicia, que la Fiscalía decidiera apartar del proceso penal a los principales autores intelectuales, bajo el inaudito argumento de que en la masacre de Chaparina se produjo una «ruptura de la cadena de mando». Es decir que la acción habría sido producto de una determinación inesperada, no planificada, aislada y oficiosa de “alguien” que actuó sin el conocimiento de las autoridades superiores. Todo ello, amparados en que el excomandante de la Policía Jorge Santiesteban, “dijo” que no tenía conocimiento de la intervención; que el viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán, dijo que había llegado al lugar el 24 de septiembre por la tarde, sólo para ver qué había sucedido, horas antes, cuando el Canciller fue obligado a marchar con los indígenas; y por más ilógico que resulte, Sacha Llorenti, dijo que no fue responsable, ya que el operativo planificado para la madrugada del 25 y se “precipitó” hasta la tarde, tan absurdo como decir, no pude llegar ayer en la   madrugada porque mañana anocheció de repente.

Y probablemente que libren de culpa y pena a los autores intelectuales de la masacre de Chaparina, inclusive con absurdos argumentos, fue una determinación esperada, ya que la cooptación del poder judicial y el sometimiento del Ministerio Público al gobierno era total; pero lo que no fue esperado, es la designación de Sacha Llorenti, como Embajador boliviano ante la Organización de las Naciones Unidas. Lo cual, implicaba un mensaje del nivel de violación de derechos humanos e impunidad en la que vivíamos, tal que permitía a quienes ostentaban el poder, que se daban el lujo de nombrar a uno de los principales violadores de derechos humanos en su país, como miembro del más alto organismo internacional encargado de proteger los mismos.

A poco tiempo de cumplirse una década de impunidad y cuando todo parecía quedar en el olvido, surge la voz de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante el informe de admisibilidad No. 113/20, el cual considera atendible la denuncia presentada por los miembros de las comunidades indígenas del Tipnis, tanto por la construcción de la carretera que afecta a ese territorio indígena, así como por la violenta represión sufrida por los defensores de la naturaleza. Este paso llamémoslo procesal, cobra una enorme importancia para las y los bolivianos. Toda vez que, a partir del mismo, se abren las puertas para la determinación de responsabilidad por una planificada y premeditada violación de Derechos Humanos; pero además para la constatación de la ineficacia de un sistema judicial cooptado por el anterior gobierno y que dio lugar a la más absoluta impunidad de los perpetradores. Esperemos pues que, el Caso llegue a sentencia de fondo y conforme a la línea jurisprudencial del sistema regional, se demuestre que lo sucedido en Chaparina no es sólo daño colateral del ejercicio y abuso del poder; sino una vulneración a los compromisos adoptados por nuestro país en materia de derechos humanos y la necesidad de adoptar acciones para investigar, sancionar y en la medida de lo posible reparar el daño ocasionado.

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Pronunciamiento sobre el deber de Respeto al Debido Proceso

Cada Estado tiene el deber de respetar y garantizar los derechos humanos de las personas detenidas y, fundamentalmente, asegurar las garantías judiciales, la protección judicial y el debido proceso para las mismas. El traslado a La Paz de la candidata a senadora por el MAS, Lucy Escóbar, y de Remy Calle y Osvaldo Gareca, identificados como dirigentes “autoconvocados” de la zona de K’ara K’ara, para ser procesados y cumplir detención preventiva en dicha ciudad, estaría afectando los derechos de los acusados, y poniendo en riesgo el derecho al juez natural. Este derecho, siguiendo los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye una parte fundamental del debido proceso, que implica que las personas tienen derecho a ser juzgadas, en general, por tribunales ordinarios, con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. En el presente caso, de conformidad a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal (Artículo 49), es juez competente: “1) El juez del lugar de la comisión del delito. El delito se considera cometido en el lugar donde se manifieste la conducta o se produzca el resultado; 2) El juez de la residencia del imputado o del lugar en que éste sea habido; o 3) El juez del lugar donde se descubran las pruebas materiales del hecho; (…)”. En este sentido, la competencia corresponde a la jurisdicción de Cochabamba, ya que el presunto acto por los que se acusa a los detenidos habría ocurrido en la ciudad de Cochabamba; además dichas personas tendrían su domicilio en esta ciudad. Por ello, es necesario recordar al Estado que, durante la etapa investigativa y el proceso penal denominado “caso terrorismo”, el cual duró más de una década (2009 – 2020), se evidenciaron irregularidades desde sus inicios y se violaron los derechos humanos de varias personas detenidas. Ahí se determinó ilegalmente que la competencia del proceso era de los jueces de La Paz, cuando en realidad correspondía a los jueces de Santa Cruz. Con esta acción se ignoró lo prescrito en el citado artículo del Código de Procedimiento Penal, puesto que los actos por los que se habría procesado a los acusados habrían ocurrido en la ciudad de Santa Cruz; además, muchos de ellos tenían su domicilio en dicha ciudad. Por lo tanto, para evitar recrear lo sucedido en dicho proceso durante el gobierno anterior, se recomienda al Estado revisar los actos procesales relativos a la detención y procesamiento de Lucy Escóbar y de los dirigentes Remy Calle y Osvaldo Gareca; y se le pide recordar sus deberes de respeto, protección y garantía de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, a los que se encuentra sujeto por las leyes, la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.