12 de febrero de 2026

La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder establece el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, a la asistencia y a la reparación.

La Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales afirma la igualdad fundamental de todos los seres humanos y exhorta a los Estados a combatir el racismo.

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer reconoce que la violencia de género es una violación de derechos humanos y llama a los Estados a prevenirla, sancionarla y erradicarla.

La Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones protege la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y exige eliminar toda forma de discriminación basada en creencias.

La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer garantiza a las mujeres el derecho a votar, ser elegidas y ejercer funciones públicas en igualdad de condiciones con los hombres.

La Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza obliga a los Estados a garantizar igualdad de acceso y trato en la educación, eliminando toda forma de exclusión que vulnere la dignidad humana.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial obliga a los Estados a prevenir, prohibir y erradicar la discriminación y la segregación racial, garantizando igualdad ante la ley y protección efectiva para todas las personas.

La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid declara el apartheid como crimen de lesa humanidad y obliga a los Estados a prevenirlo, perseguir a los responsables y sancionar toda forma de segregación racial.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer obliga a los Estados a erradicar la discriminación de género y garantizar la igualdad real de derechos para las mujeres en todos los ámbitos de la vida.

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes obliga a los Estados a prevenir, investigar y sancionar la tortura, garantizando protección, reparación y justicia para las víctimas.