La norma que infringe la Constitución y el bloque de constitucionalidad es la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal Nº 586. Esta norma fue sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada el 30 de octubre de 2014, por el Presidente en ejercicio del Estado Plurinacional de Bolivia de ese entonces, Álvaro García Linera.