La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, tiene como objetivo central erradicar la discriminación basada en el sexo y garantizar a las mujeres el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos en condiciones de igualdad con los hombres, tanto en el ámbito público como en el privado.
El instrumento define la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. A partir de esta definición, establece obligaciones para que los Estados adopten medidas legislativas, judiciales, administrativas y de política pública destinadas a eliminar normas, prácticas y estereotipos que perpetúan la desigualdad, promoviendo la participación equitativa de las mujeres en la vida política, económica, social, cultural y familiar.
La Convención abarca ámbitos clave como educación, empleo, salud, nacionalidad, participación política y relaciones familiares, e incorpora la posibilidad de adoptar medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad real. Asimismo, crea el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano de expertos independientes encargado de supervisar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados Parte.
