En fecha 20 de mayo del año 2009, el Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia dictó el Decreto Supremo (DS) N° 138. Esta norma, compuesta por seis artículos, conteniendo también disposiciones abrogatorias y derogatorias, tenía por objeto establecer el procedimiento para determinar la jurisdicción, la aplicación de medidas cautelares sobre el patrimonio, medios e instrumentos que hubieran sido utilizados o estuviesen comprometidos en la comisión de los delitos de Terrorismo, Sedición o Alzamientos Armados contra la Seguridad y Soberanía del Estado.