La Fundación aplaude las acciones tomadas por la Presidente Añez para lograr una sentencia en contra del autor de la muerte y violación de la niña Esther en la ciudad de El Alto. Sin embargo, pide recordar el deber del Estado boliviano de garantizar los derechos humanos de niños y niñas, y la necesidad de aplicar otras medidas para erradicar la violencia, como la prevención a través de la educación, el cambio de paradigmas violentos normalizados, y la modificación de comportamientos sexistas para derrumbar la estructura patriarcal.

Recordemos que la sola existencia de violencia sexual y asesinatos contra niñas en el territorio nacional, vulnera los derechos humanos a la integridad e incluso a la vida, derechos establecidos en la Constitución Política del Estado (art. 15) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 4 y 5).

Siguiendo esta lógica, el mensaje de la Presidente Añez, de “no permitir ningún tipo de violencia” y de sólo buscar una sentencia para el autor de la violación y asesinato de la niña Esther, no resolvería en sí mismo la situación de violencia contra las niñas en el país, ni garantizaría que la misma no se vuelva a cometer, porque se estaría enfocando directamente en las consecuencias de la violencia.

Tampoco resolvería la situación de los perpetradores, al limitarlos a engrosar el número de personas privadas de libertad en un sistema carcelario distorsionado, puesto que en Bolivia se cuenta con centros penitenciarios hacinados, donde existen muchas personas detenidas preventivamente, a la espera de una sentencia (absolutoria o condenatoria) o de celeridad para que comiencen sus juicios.

Tampoco garantizaría que los perpetradores no cometan los mismos hechos al salir de la cárcel, ya que la prisión en Bolivia no estaría orientada, en la práctica, a la resocialización, debido principalmente a la ausencia de políticas orientadas al apoyo psicológico a los delincuentes, y a lograr una justicia restaurativa, donde el perpetrador de actos violentos asuma la responsabilidad sobre los mismos.

Y, sobre todo, dicho mensaje no brindaría una solución a todos los casos, a nivel nacional, donde no existe apoyo psicológico ni ayuda financiera para las víctimas y/o sus familiares, ni tampoco existen sentencias condenatorias contra los perpetradores de hechos violentos contra niñas, quienes en su momento han sido procesados, pero que continúan libres aún.

Por lo tanto, recomendamos al Estado boliviano tomar acciones enfocadas a crear una realidad donde se garanticen y protejan los derechos humanos. Una realidad donde se priorice el mejoramiento del sistema carcelario, por un lado, y por otro, donde los hechos de violencia no se aborden sólo desde las consecuencias, sino que puedan prevenirse. En este sentido, es importante que el esfuerzo estatal esté dirigido a crear una conciencia de repudio hacia las conductas sexistas, la deconstrucción de la violencia estructural y a buscar el derrumbamiento de las estructuras patriarcales. El Estado está en la capacidad de realizar campañas que promuevan valores inclusivos, generen un mensaje de no violencia hacia niños y niñas, y fortalezcan conductas de respeto hacia los derechos humanos. Para tal fin, es fundamental que los mensajes que envíe sean constantes, y que las conductas se apliquen primordialmente en todos los órganos y niveles de gobierno.

Áñez instruye acciones legales hasta llegar a una sentencia en contra del asesino de la niña Esther.
Fuente: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200707/anez-instruye-acciones-legales-llegar-sentencia-contra-del-asesino-nina