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Los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos reconocen que toda persona privada de libertad conserva su dignidad y sus derechos humanos, y debe recibir un trato humano sin discriminación.

Los Principios Básicos sobre la Independencia de la Judicatura obligan al Estado a garantizar jueces imparciales, libres de presiones e interferencias, como condición esencial del debido proceso.

Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego establecen que la fuerza letal debe ser excepcional, proporcional y utilizada sólo cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida.

El Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos permite a las personas denunciar ante el sistema de Naciones Unidas violaciones a los derechos reconocidos en el Pacto.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales compromete a los Estados a avanzar progresivamente en la garantía de derechos como el trabajo, la salud, la educación y la seguridad social.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos obliga a los Estados a respetar y garantizar libertades fundamentales como la vida, el debido proceso, la libertad de expresión y la participación política.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece la competencia de la Corte para juzgar genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión, reforzando la lucha contra la impunidad.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama los derechos y libertades inherentes a toda persona y constituye el fundamento del sistema internacional de protección de derechos humanos.

La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder establece el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, a la asistencia y a la reparación.

La Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales afirma la igualdad fundamental de todos los seres humanos y exhorta a los Estados a combatir el racismo.