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Estándares Internacionales sobre el acceso a los medicamentos como componente del Derecho a la Salud

La respuesta del Estado a la crisis sanitaria que atraviesa el país, debe contemplar en todo momento una perspectiva de derechos humanos. El crecimiento exponencial de casos positivos de Covid-19 registrados últimamente en todo el territorio nacional implica un enorme desafío para la sociedad en general, especialmente para el personal médico, las personas contagiadas y sus familias. En este contexto resulta altamente preocupante la escasez de medicamentos y otros bienes médicos indispensables para el tratamiento de Covid-19, particularmente para pacientes críticos. Cabe recordar que el acceso a medicamentos forma parte indispensable del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud.

Ante la actual situación, es imprescindible aplicar los lineamientos internacionales en materia de derechos humanos, los cuales deben ser observados por las autoridades sanitarias del país. Al respecto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha señalado que todos los servicios, artículos e instalaciones de salud deben cumplir con requisitos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Es totalmente incompatible con estos principios que los bienes médicos indispensables no se encuentren disponibles para las personas que lo necesitan con urgencia. Esta insuficiencia no es únicamente atribuible al sector público de salud, sino que también el sector privado no ha podido dar una respuesta oportuna al problema.

Las políticas y medidas destinadas a la dotación y administración de medicamentos y bienes médicos de calidad, en esta particular situación, deben también tener presente la especial coyuntura económica que atraviesan muchas familias a raíz de la misma pandemia. Sobre esto último el referido Comité entiende que “los pagos por servicios de atención de la salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada, en lo que se refiere a los gastos de salud, en comparación con los hogares más ricos.” En atención a lo anterior, las autoridades competentes deben extremar esfuerzos para garantizar que factores económicos no devengan en un impedimento para el acceso efectivo a medicamentos y bienes de salud.

FinalmentetraemosacolaciónlasrecomendacionesdelaCorteInteramericanadeDerechosHumanosenelCasoPobleteVilches y otros Vs. Chile, donde se ha señalado que “la operatividad de dicha obligación[de garantizar el acceso a bienes y servicios de salud] comienza con el deber de regulación, por lo que la Corte ha indicado que los Estados son responsables de regular con carácter permanente la prestación de servicios (tanto públicos como privados) y la ejecución de programas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de calidad”. Exhortamos a las autoridades sanitaras observar estrictamente estos lineamientos para proporcionar una respuesta adecuada a la escasez de medicamentos y otros insumos médicos en el actual contexto critico en el que nos encontramos.

Santa Cruz de la Sierra,7 de junio de2021

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Confidencialidad en el acceso a las vacunas

El actual contexto global de competencia desigual y escasez en la adquisición de vacunas contra el Sars- coV-2, implica un gran desafío para la comunidad internacional, los Estados y la Sociedad Civil. Desde la perspectiva de derechos humanos se comprende que, en las actuales condiciones, los Estados están obligados a dar la máxima prioridad al suministro de vacunas a todas las personas para garantizar su derecho a la salud. Junto con otras implicaciones que esto conlleva, nos interesa enfatizar la necesidad de que los procesos de vacunación salvaguarden el principio de transparencia, legalidad y el derecho de acceso a la información de las personas.

En Bolivia los contratos del Estado con las empresas que suministran vacunas se realizan mediante contratación directa, y podrían —a requerimiento del proveedor—, tener carácter confidencial por un periodo de tres (3) años computables a partir de su suscripción. Esta disposición fue establecida en el

D.S. 4432 de diciembre de 2020. No obstante, la norma referida no contiene la debida motivación que justifique una restricción al derecho de acceso a la información, establecido en el artículo 21.6 de la Constitución y 13 de la Convención Americana. Tampoco cumple con el principio de reserva legal para la limitación al ejercicio de derechos fundamentales, al tratarse únicamente de un decreto supremo y no una ley sancionada por el Órgano Legislativo.

Sin embargo, el uso de cláusulas de confidencialidad no es una práctica exclusiva de Bolivia, sino que se ha vuelto un ejercicio constante en los procesos de adquisición de vacunas a nivel mundial. En la mayoría de los casos, el mantener en reserva ciertas partes de los acuerdos, obedece a las condiciones que imponen las mismas empresas privadas. Respecto a este tema, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su Declaración sobre el acceso universal y equitativo a las vacunas contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19) sostuvo que: «El carácter secreto de ciertos acuerdos también se opone al deber de los Estados de establecer mecanismos transparentes que permitan la rendición de cuentas, el escrutinio público y la participación de los ciudadanos en las decisiones relativas a la asignación de recursos y la aplicación de tecnologías para hacer efectivo el derecho a la salud«.

Desde la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia consideramos que el Estado Boliviano debe extremar esfuerzos e implementar medidas positivas dirigidas a garantizar la máxima transparencia en los procesos de vacunación. Dada la complejidad del actual escenario, se requiere que la problemática sea abordada desde una perspectiva de derechos humanos, teniendo presente —sobre todo— los deberes y obligaciones que los Estados y las empresas privadas tienen en esta materia.

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 19 de mayo de 2021

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Sentencia TCP sobre Juicios en Rebeldía. Acciones del TCP y del Ministerio de Justicia que socavan el Estado de Derecho

Rubén Darío Cuellar / André Lange

El 11 de marzo de 2021, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia Constitucional Nº 0012/2021, la cual resuelve el fondo de una acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta contra el artículo 36 de la Ley Nº 004, “De lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas”. La citada sentencia concluyó que los juicios sustanciados en rebeldía son contrarios a la Constitución, a la Convención Americana de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Hasta el presente esta sentencia no fue notificada a la parte que interpuso la acción ni tampoco fue publicada en la página oficial del Tribunal. Sin embargo, una copia firmada por seis magistrados, fue difundida ampliamente por medios de prensa y medios digitales.

El 25 de marzo, el Ministro de Justicia quien tuvo acceso a la sentencia, hizo alusión a la misma señalando que: “[el TCP] ha declarado inconstitucional el juicio en rebeldía, ya no hay más juicio en rebeldía ni en ausencia”, y añadió “que no es la mejor noticia” para el gobierno. Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional Paul Franco, el pasado 8 de mayo, declaró ante medios de prensa que: “no existe nada por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional que hubiera determinado algo sobre los juicios en rebeldía”, añadiendo que: “Esa causa sigue en trámite en el TCP”. Estas declaraciones generaron incertidumbre y confusión en la sociedad civil, pues provienen de alguien cuya firma figura en la sentencia aludida.

A estas contradictorias declaraciones, se suma un impertinente pronunciamiento del Ministerio de Justicia, de fecha 9 de mayo, que sostiene que “El TCP tramitó la acción de inconstitucionalidad abstracta acerca del juicio en rebeldía y no alcanzó al número necesario de votos para realizar la notificación debido a las diferencias registradas. Por esta razón, el TCP continua el debate en el seno de su sala”.

Estas declaraciones irresponsables tanto del presidente del TCP como del Ministro de Justicia, socaban el principio de seguridad jurídica y han causado indignación entre juristas y población en general.

Desde este Observatorio de los Derechos Humanos y la Justicia reprochamos vehementemente las actitudes de estas autoridades que ofenden al Estado de Derecho, y por ende merecen rectificación y disculpas públicas por parte de las autoridades aludidas, en base a los siguientes razonamientos:

  1. Las sentencias constitucionales deben ser notificadas y publicadas sin dilaciones y en un plazo razonable. Si bien, el CPC no establece un plazo fijo para la notificación de esta sentencia, no es admisible que su notificación se postergue ad infinitum. Una demora excesiva en la notificación del fallo es contraria el principio de celeridad que rige la justicia constitucional, de acuerdo con el artículo 4 del referido código.
  2. Una vez emitida la sentencia, es imposible que el caso vuelva a ser debatido por los magistrados. Lo contrario significaría un atentado contra la calidad de cosa juzgada de la que gozan los fallos dictados conforme a derecho. Resulta irrazonable y arbitrario que después de emitida la sentencia, los magistrados del TCP se arroguen la atribución de ir contra de sus propios actos y debatir nuevamente sobre el fondo del caso. La conducta del TCP no solo resulta inexplicable, sino que deja entrever la existencia de presiones e injerencias indebidas al más alto nivel de la justicia constitucional boliviana. Más aún cuando las contradicciones surgieron luego que desde el órgano ejecutivo se declarase que la sentencia no era la mejor noticia. Estos serios indicios de ausencia de imparcialidad e independencia de la justicia boliviana, ya han sido observados por varios actores de la comunidad internacional.
  3. La notificación es un acto procesal y no deliberativo. Los magistrados del TCP no pueden realizar una votación para decidir si notificarán o no la sentencia emitida. Por lo tanto, no corresponde una votación ni mucho menos un número de votos necesarios para realizar la notificación como señala el comunicado del Ministerio de Justicia.
  4. La situación de inseguridad jurídica propiciada por estos actos y declaraciones, tiene un impacto directo en los derechos de las personas que fueron juzgadas en ausencia. La jurisprudencia establecida en la Sentencia 0012/2021 determina que existe una desigualdad normativa carente de validez constitucional respecto a los procesados bajo los supuestos del artículo 36 de la Ley 004. Por tanto, las personas que vieron afectados su derecho al debido proceso, continúan en una suerte de indeterminación jurídica, al no permitir que la sentencia en cuestión sea plenamente efectiva.
  5. Finalmente, no es admisible que la máxima autoridad del Tribunal Constitucional Plurinacional — guardián de la Constitución y en cierto sentido del Estado de Derecho— socave principios esenciales. La seguridad jurídica es un principio rector y fundamental de todo ordenamiento jurídico. Es imperativo que las más altas autoridades del país adecuen su conducta a este principio. Asimismo, resulta urgente que se generen las garantías y condiciones suficientes para que los procesos constitucionales sean claros y transparentes en todas sus etapas, de modo que puedan ser supervisados y controlados, principalmente por la ciudadanía. Actualmente la conducta del TCP y del Ministerio de Justicia, resulta reprochable y amerita, antes que una aclaración y rectificación, las debidas disculpas públicas.

Santa Cruz de la Sierra, mayo de 2021

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Reforzar las Políticas Públicas Nacionales de Educación sobre los Derechos Humanos de las Comunidades LGBTI+ en Bolivia

La creciente violencia de género en Bolivia, reclama la urgente atención por parte del Estado. Los hechos de violencia registrados en las últimas semanas, también nos empujan a analizar la situación de vulnerabilidad de las comunidades LGTBI+ y el aumento de crímenes de odio en Bolivia.

En los últimos años, organizaciones de defensa de los derechos LGTBI+ en Bolivia, han registrado el asesinato de más de 60 personas. De todos ellos, sólo el caso de Dayana Kenia –asesinada en el año 2019– llegó a instancias judiciales y cuenta con sentencia. Esta estadística, refleja la extrema vulnerabilidad en la que viven los miembros de esta comunidad, por la desatención y deficiencia de las instancias judiciales para realizar las investigaciones y dictar sentencias oportunas.  A esto se debe agregar otra consecuencia vulneradora de derechos: no existen estadísticas oficiales por parte del Estado de los hechos de violencia y denuncias que nos permitan dimensionar realmente estos crímenes.

Además, se evidencia una tendencia alarmante en la forma de la violencia ejercida, que incluye tortura previa al asesinato. El ciclo de violencia y discriminación hacia las personas transexuales, se inicia desde los propios hogares; al exponer su realidad sufren acoso, discriminación y no se les permite ejercer una ciudadanía plena. Debido al rechazo de la sociedad, se ven obligadas a sobrevivir como trabajadoras sexuales, situación que las deja expuestas a sufrir ataques violentos.  El 75% de las denuncias de personas LGTBI+ en Bolivia son por discriminación y desalojo, por lo que es urgente trabajar en normas que garanticen en igualdad de oportunidades, su acceso al trabajo, salud, educación y vivienda.

Debemos reconocer, que ha habido algunos avances sobre el reconocimiento derechos de las personas LGTBI+ en Bolivia. En las pasadas elecciones quienes cambiaron de identidad, amparadas en la Ley Nº 807 de Identidad de Género[1], pudieron votar con su nueva identidad. Asimismo, en el año 2017, el Tribunal Supremo Electoral, instruyó al Servicio de Registro Civil (SERECI) reconocer el matrimonio civil de personas transexuales y transgénero; pero aún queda mucho camino que recorrer.  

El Observatorio de Derechos Humanos y Justicia de Bolivia, insta al Estado a reforzar y promover la defensa de los derechos de las comunidades LGBTI+, a crear políticas públicas de educación y respeto, además de formular leyes puntuales que categoricen los crímenes de odio y así propender a la obtención de sentencias justas.


[1] http://www.diputados.bo/leyes/ley-n%C2%B0-807

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Hay que parar la violencia de Género en Bolivia

La Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, manifiesta su preocupación ante el incremento alarmante de los hechos de violencia extrema que se vienen sucediendo en contra las mujeres. Los últimos casos como el de la agresión a una oficial de policía en Potosí; la agresión a una mujer en un centro comercial de Santa Cruz por reclamar el uso de barbijo y el horroroso asesinato de la joven transexual Alessanandra en Cochabamba —que se suma a un número altísimo de feminicidios en lo que va del año 2021— son la cruel evidencia del grado de vulnerabilidad en el que se hallan las mujeres en Bolivia.

La crisis económica resultante de la pandemia y la consecuente acentuación de la pobreza, han determinado que cientos de hogares se conviertan en focos de violencia intrafamiliar. Por lo que es urgente incorporar en los lineamientos de atención de la pandemia, un enfoque de género que ponga término a estos crímenes inaceptables en nuestro país.

La modificación de la Ley 348, Integral para garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia que actualmente se viene debatiendo, no debe plantear la vía de la conciliación como alternativa, pues esto significa que la víctima de violencia será quien determine si el agresor es procesado o no. Si así fuera, las mujeres quedarían solas en la defensa de sus derechos humanos y lo peor, eximiría al Estado de su obligación principalísima de proteger, preservar y restaurar los derechos de las mujeres, asumiendo y prosiguiendo el proceso judicial, hasta lograr justicia y las sanciones correspondientes.

Nuestra Fundación hace un ferviente llamado a la ciudadanía para eliminar las prácticas y conductas que reproducen hechos de violencia en contra las mujeres. Asimismo, exhortamos a las autoridades judiciales y entidades competentes, llevar a cabo las investigaciones necesarias para lograr el procesamiento de los agresores y su sanción. Al mismo tiempo, exigimos al Estado poner en vigencia planes nacionales que contemplen de manera integral, la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, medidas de prevención y atención de casos de violencia, y programas educativos intensivos de concienciación de todos los sectores de la sociedad, para evitar la reiteración de éstos intolerables comportamientos.

Santa Cruz de la Sierra, 11 de febrero de 2021

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Primeros pasos de una Reforma Judicial

El pasado día viernes 20 de noviembre, los Consejeros de la Magistratura, Dolka Gómez y Omar Michel, anunciaron que en menos de una semana se designarán a más de 150 jueces para cubrir las acefalías en el Órgano Judicial. Ello, en respuesta al “oprobioso” pronunciamiento del Ministro de Justicia, quien cuestionó la falta de gestión por más de un año de parte de las máximas autoridades del Consejo de la Magistratura, lo que a su vez trabó la designación de varios funcionarios judiciales y el acceso a la justicia de la población.

La salida de una designación masiva de jueces, parecería todo, menos una solución o subsanación del problema pues, este grupo de consejeros, en la actualidad enfrentan varias denuncias de uso indebido de influencias, manipulación de jueces, venta de cargos y fraudulentos procesos de selección. Por lo que, manifestar que nombrarán un centenar de jueces en menos cinco días hábiles, suena más a tratar de obtener un último “bono” de fin de año. 

Es interesante la respuesta del ministro de justicia, quien el lunes 23 de noviembre, dijo que más allá de las intenciones de los Consejeros, hay una responsabilidad por un año de haber dejado sin justicia y por lo que en realidad lo que deberían hacer es tomar una decisión “patriótica” y renunciar, dar un paso al costado y dejar al gobierno encarar una reforma judicial. Todo ello, bajo apercibimiento de iniciarles un juicio de responsabilidades. Declaraciones lógicas y plausibles, pero que también fueron objeto de crítica, en sentido de que una reforma del Órgano judicial no puede provenir de parte de otro Órgano, como es el Ejecutivo. 

Parecería que estamos en una encrucijada en la que, debemos preguntarnos si el fin justifica los medios, pues sería inaudito dejar que las autoridades apuntadas por varios flancos de cometer actos de corrupción en el nombramiento de jueces, pretendan ahora proseguir sus acciones a título de “salvar” la institucionalidad del Órgano Judicial; pero por otra dejar que continúen, sólo perpetuaría un régimen de impunidad respecto al manejo de lo que fue la judicatura en Bolivia.

Sin duda, el gobierno tendría que respaldar a un ministro que se ha comprometido con sanear la crisis judicial. No obstante, esto podría desencadenar que los Consejeros, se victimicen, como ya lo hicieron en una anterior oportunidad y pretendan instrumentalizar los sistemas de protección regional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidiéndole les otorgue medidas cautelares ante una persecución de tipo político.

En todo caso, la salida no parece tan sencilla, ni siquiera con una renuncia acordada, mediante la cual los suplentes, se sometan a reformas a sus reglamentos para la designación transparente de jueces, ya que existen otros sectores que han contribuido a la crisis judicial y que tienen profundos intereses, como los altos tribunales de justicia (constitucional, ordinaria y agroambiental), las cuotas de poder y el control de un gremio que podría constituirse en un nuevo frente opositor al gobierno.  

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La represión en Chaparina permanece en la impunidad

Hace casi nueve años, mujeres, niñas, niños, hombres y adultos mayores de varios pueblos indígenas, así como defensores del medio ambiente protestaron en la “VIII Gran Marcha Indígena en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), la dignidad, la vida, y los derechos de los pueblos indígenas”, en la que recorrieron alrededor de 120 kilómetros hacia la ciudad de La Paz, para que no se efectivice la construcción de una carretera que uniría el departamento de Cochabamba con Beni, y que atravesaría en medio del TIPNIS.

El 25 de septiembre de 2011, después de que colonos afines al partido del MAS habrían bloqueado la carretera los marchistas establecieron un campamento para descansar en la localidad de San Miguel de Chaparina. Sin embargo, se realizó una intervención policial con la participación de al menos 500 oficiales. Los agentes policiales rodearon el campamento y lanzaron gases lacrimógenos, creando caos entre las personas indígenas. Los agentes policiales golpearon duramente[i] a hombres, mujeres, niños y niñas, los insultaron y denigraron verbalmente, los amordazaron y maniataron, y al final los subieron a buses y camionetas (algunas personas sin ropa, maniatadas todavía y boca abajo, apiladas las unas sobre las otras) que esperaban en la carretera para que sean transportados hasta el aeropuerto más próximo.

Las personas indígenas y manifestantes detenidas no habían sido informadas de cuál era la razón de su detención, y durante el caos de la intervención, varias de ellas habrían huido a esconderse en el monte, y mujeres y hombres habrían sido separados de sus hijos e hijas, situación que les generaría angustia y desesperación. Al estar detenidas en los buses, no se les habría proporcionado atención médica inmediata, porque había varias personas heridas. Finalmente, durante el tiempo de espera en el aeropuerto de Rurrenabaque, donde finalmente las personas detenidas habrían sido conducidas, éstas se encontraban en total ignorancia sobre cuál iba a ser su destino. [1] Defensoría del Pueblo, Informe defensorial: respecto a la violación de derechos humanos en la marcha indígena, Pág. 28, https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/informe-respecto-a-la-violacion-de-los-derechos-humanos-en-la-marcha-indigena.pdf

Corrían rumores de que todos iban a ser llevados a Trinidad o a Venezuela[i] en un avión tipo Hércules. Mientras los policías hacían ingresar a las personas indígenas en aviones de Transporte Aéreo Militar, pobladores indígenas de Rurrenabaque y de zonas aledañas habrían impedido el despegue y el aterrizaje de otros aviones al bloquear la pista, encendiendo fogatas y cubriendo de palos y piedras la misma. Tras estos acontecimientos, las personas indígenas detenidas habrían sido liberadas.

Las conductas de efectivos de las fuerzas del orden, habrían incurrido en una vulneración a los derechos humanos de las personas indígenas que integraron la VIII Marcha Indígena, al haber lesionado el derecho a la integridad y a la libertad de las víctimas. Asimismo, las fuerzas policiales no actuaron autónomamente, sino que luego se conocería que la represión fue ordenada por el ex Ministro de Gobierno y ex embajador ante ONU, Sacha LLorenti. Para entender ello, es necesario recordar lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y las convenciones internacionales respectivas.[1] Íd., Pág. 39, https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/informe-respecto-a-la-violacion-de-los-derechos-humanos-en-la-marcha-indigena.pdf

Derecho a la integridad

La Constitución expresa en su artículo 15 que: “toda persona tiene derecho a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes”. Asimismo, el artículo 114. num. I del mismo cuerpo legal, determina la prohibición de “toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia fisca y moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan, serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley”.

Al respecto, el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establece: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (…)”.

La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST) determina lo siguiente en su artículo 2:

(…) se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.

La CIPST, en su artículo 3 también determina la responsabilidad de la tortura: “a. los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan (…)”.

El artículo 4 de la misma norma internacional indica que “el hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la responsabilidad penal correspondiente”.

Finalmente, la CIPST dictamina, en su artículo 5 que: “No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias tales como (…) conmoción o conflicto interior (…) u otras emergencias o calamidades públicas”.

Derecho a la libertad

La Constitución establece en su artículo 23, el derecho de toda persona a la libertad y seguridad personas; al respecto, indica que: “II. Nadie puede ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito (…)”.

El artículo 7 de la CADH trata sobre el derecho a la libertad personal y menciona:  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.  

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales (…).

Evidencia de tratos crueles e inhumanos y detención arbitraria

Varias personas indígenas y manifestantes que conformaban la VIII Marcha, describieron ante varias instituciones las agresiones y otros malos tratos de los que habrían sido víctimas. Aparte de la agresión física, mencionaron haber sufrido agresiones verbales ofensivas y discriminatorias; y además, manifestado sentimientos de miedo, humillación, inferioridad y angustia, al ser separadas las mujeres y hombres de sus familias y también de sus hijos. Asimismo, quienes no pudieron escapar al monte, fueron maniatados y amordazados con cinta adhesiva, y obligados a permanecer boca abajo por un período extenso de tiempo.

En ese sentido, cabe aclarar primero, que las detenciones fueron ilegales y arbitrarias puesto que no existía flagrancia de la comisión de algún delito, ni una orden judicial justificada para su detención. Lo cierto es que el móvil de la detención fue la desarticulación de una protesta que perjudicaba mediáticamente al gobierno del ex presidente Evo Morales.

Por otro lado, las características personales y psicológicas de quienes protestaban cobran relevancia a la hora de evaluar el grado de afectación en la integridad personal de las víctimas. En ese sentido, luego de caminar durante varios kilómetros y días, además de la desprotección por encontrarse en una carretera alejada de ciudades y sin acceso a abogados o comunicaciones fluidas, las personas detenidas se encontraban en una posición de vulnerabilidad. Asimismo, las personas parte de pueblos indígenas merecían una protección reforzada conforme a jurisprudencia constitucional. En ese contexto la forma violenta en que las fuerzas policiales reprimieron a los manifestantes, incluso llegándolos a amordazar con cinta adhesiva innecesariamente, la sensación de asfixia por el tipo de mordaza, el traslado ilegal y las amenazas de una desaparición forzada y confinamiento en otro país, resultan de especial gravedad. Por ello, de un análisis preliminar a la se puede afirmar que fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos, pudiendo calificar la actuación como tortura física y psicológica.

Lo cierto es que luego de deficientes y parcializadas investigaciones, los mandos policiales y gubernamentales que ordenaron la represión, no fueron debidamente procesados ni sancionados. Es decir, la represión de Chaparina queda impune con la responsabilidad internacional que nace de aquella omisión estatal.

Por ello, es necesario activar las vías legales internacionales para investigar debidamente, procesar imparcialmente y sancionar acorde a normas bolivianas, a los autores intelectuales y materiales de estos crímenes. Este artículo recuerda los hechos y llama a la acción para evitar que tales violaciones de derechos humanos se repitan.

  



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El Proyecto de Ley presentado por la Senadora Eva Copa, violaría el Derecho a la Libertad de Expresión

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Villa Ingenio: Principios para el uso de la fuerza

Hace casi dos semanas se conoció sobre la intervención policial en el sector del relleno sanitario de Villa Ingenio en la ciudad de El Alto. Ante los bloqueos registrados en la zona por parte de vecinos del lugar pidiendo el cierre del botadero, la policía habría ocupado la zona disparando gases lacrimógenos, e ingresado a domicilios particulares causando destrozos y realizando detenciones. Además, mujeres habrían sido golpeadas por policías, e incluso un adolescente de 15 años de edad habría sido herido en su domicilio, como resultado de un golpe recibido por un proyectil de agente químico disparado por agentes estatales.

La Fundación no desconoce la existencia de un justificativo necesario para la intervención policial y consecuente dispersión de una protesta que pueda poner en riesgo la salud y la vida de los demás habitantes por el bloqueo del relleno sanitario, en especial teniendo en cuenta la época de pandemia por COVID-19 que atraviesa el país. Y tampoco ignora los riesgos que la existencia del botadero pueda implicar para los vecinos de la zona de Villa Ingenio. Sin embargo, la Fundación recuerda al Estado que la dispersión de una protesta no es sinónimo de descontrol, sino que el uso de la fuerza por parte de agentes estatales debe enmarcarse en la legalidad, proporcionalidad y la absoluta necesidad.

Respecto a cualquier intervención realizada por las fuerzas del orden, se maneja un criterio específico de derecho internacional (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, fondo reparaciones y costas, sentencia del 24 de octubre de 2012, serie C, núm. 251). Esto es, que dichos agentes estatales deben actuar a partir de tres principios: a) legalidad, b) absoluta necesidad y c) proporcionalidad.

a) Legalidad. Tiene dos elementos: i) debe existir un marco jurídico que regule la forma en que se utiliza la fuerza en cada caso, y ii) debe existir un objetivo legítimo para el uso de la fuerza. 

b) Absoluta necesidad. Que el uso de la fuerza se debe limitar únicamente a la falta de disponibilidad o inexistencia de otros mecanismos que sean aplicables a cada situación que se busque proteger. En este sentido, el uso de la fuerza por agentes estatales debe ser empleado como un último recurso. No se puede justificar la absoluta necesidad de utilizar la fuerza contra personas que no estén presentando un peligro directo; e incluso cuando si no se utilizara la fuerza se pierda la oportunidad de captura.   

3) Proporcionalidad. El grado de fuerza utilizado debe ir de acuerdo con el grado de resistencia ofrecido. De esta manera, los agentes estatales están en la obligación de emplear un criterio de uso diferenciado y gradual de la fuerza, estableciendo el nivel de cooperación, resistencia o agresión de parte de la persona a la cual se pretende intervenir, y por ende, emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza, según corresponda.

De esta manera, tenemos tres principios de actuación que deben ser seguidos siempre por agentes estatales, los cuales conllevan obligaciones específicas de actuación, y que, a su vez, deben ser evaluadas de acuerdo con el contexto y las circunstancias del caso específico.

Si, como resultado de la utilización de la fuerza por agentes estatales, resultan heridas una o más personas, los servicios médicos correspondientes también deben prestarse y facilitarse, así como notificar lo sucedido cuanto antes a familiares o amistades cercanas. En el caso que nos ocupa, esto no se cumpliría en su totalidad, debido a que el adolescente agredido habría necesitado una intervención quirúrgica a partir del golpe recibido. La misma no se habría facilitado inmediatamente, porque la familia habría tenido dificultades en cubrir los gastos al ser de escasos recursos. 

Todo lo anterior generaría una situación en la que agentes estatales no cumplirían a cabalidad con lo que dictan la normas nacionales, y que las autoridades que ordenan las intervenciones no estarían tomando en cuenta las obligaciones a las que se halla sujeto el Estado boliviano por los instrumentos internacionales que ha suscrito en materia de derechos humanos.

Por ello, recomendamos que el Estado boliviano recuerde que los agentes estatales tienen la obligación de asimilar los criterios expuestos en su diario actuar, así como de comprender la necesidad de respeto y garantía de los derechos humanos como base para una intervención adecuada, no sólo en protestas, sino en cualquier situación. Hacer lo contrario supondría un mayor riesgo para las personas que se supone están en el deber de proteger, al no generarse las condiciones para garantizar la seguridad de las mismas.