El caso Tribunal Constitucional vs. Perú es una sentencia de 31 de enero de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que Perú violó los derechos de los magistrados del Tribunal Constitucional al destituirlos arbitrariamente en 1997. La Corte ordenó su reincorporación, indemnización y garantías de no repetición, destacando la importancia de la independencia judicial.