La Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, manifiesta su preocupación ante el incremento alarmante de los hechos de violencia extrema que se vienen sucediendo en contra las mujeres. Los últimos casos como el de la agresión a una oficial de policía en Potosí; la agresión a una mujer en un centro comercial de Santa Cruz por reclamar el uso de barbijo y el horroroso asesinato de la joven transexual Alessanandra en Cochabamba —que se suma a un número altísimo de feminicidios en lo que va del año 2021— son la cruel evidencia del grado de vulnerabilidad en el que se hallan las mujeres en Bolivia.
La crisis económica resultante de la pandemia y la consecuente acentuación de la pobreza, han determinado que cientos de hogares se conviertan en focos de violencia intrafamiliar. Por lo que es urgente incorporar en los lineamientos de atención de la pandemia, un enfoque de género que ponga término a estos crímenes inaceptables en nuestro país.
La modificación de la Ley 348, Integral para garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia que actualmente se viene debatiendo, no debe plantear la vía de la conciliación como alternativa, pues esto significa que la víctima de violencia será quien determine si el agresor es procesado o no. Si así fuera, las mujeres quedarían solas en la defensa de sus derechos humanos y lo peor, eximiría al Estado de su obligación principalísima de proteger, preservar y restaurar los derechos de las mujeres, asumiendo y prosiguiendo el proceso judicial, hasta lograr justicia y las sanciones correspondientes.
Nuestra Fundación hace un ferviente llamado a la ciudadanía para eliminar las prácticas y conductas que reproducen hechos de violencia en contra las mujeres. Asimismo, exhortamos a las autoridades judiciales y entidades competentes, llevar a cabo las investigaciones necesarias para lograr el procesamiento de los agresores y su sanción. Al mismo tiempo, exigimos al Estado poner en vigencia planes nacionales que contemplen de manera integral, la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, medidas de prevención y atención de casos de violencia, y programas educativos intensivos de concienciación de todos los sectores de la sociedad, para evitar la reiteración de éstos intolerables comportamientos.
Santa Cruz de la Sierra, 11 de febrero de 2021
