El 25 de septiembre de 2011, se produjo en nuestro país, una violenta intervención policial en contra de hombres, mujeres, niñas y niños que conformaban la “VIII Marcha Indígena en Bolivia: Por la Defensa del Territorio, la Vida y los Derechos de los Pueblos Indígenas”. Ese día, aproximadamente 500 efectivos rodearon el campamento y esparcieron una lluvia de gases lacrimógenos que condujo a los marchistas a una emboscada; cientos de ellos fueron brutalmente golpeados, maniatados, amordazados y apilados en buses y camionetas; para luego ser trasladados a San Borja y posteriormente a Rurrenabaque, apilados como carga, sin poder moverse, sin recibir auxilio médico; sin agua, a golpe de culatazos y bajo un clima de amedrentamiento en el que se les insultaba, humillaba y se les decía que, en cuanto lleguen los aviones, serían transportados a Venezuela y Cuba.

De acuerdo a los informes oficiales, la grave violación de los derechos humanos de cientos de personas que tan sólo trataban de proteger un territorio sagrado y biodiverso como pocos en el mundo, no fue un acto improvisado, espontáneo o reactivo a una provocación o ataque a la policía. Por el contrario, el operativo policial en Chaparina, fue planificado detallada y anticipadamente desde La Paz y uno de los autores principales fue el entonces Ministro de Gobierno, Sacha LLorenti, quien según la Defensoría del Pueblo, no sólo organizó y coordinó con los altos mandos policiales el ataque a los indígenas; sino que inclusive días atrás, dispuso el traslado a Yucumo de varios de sus funcionarios, a la cabeza del Director General de Régimen Interior, Boris Villegas Rocabado, quien  luego, recordemos fue detenido por encabezar la nefasta red de extorsión desde el Ministerio de Gobierno.

Este grupo de funcionarios del Ministerio de Gobierno, de acuerdo a su jerarquía, debían coordinar y coadyuvar a la policía, para la ejecución del ataque a los marchistas. Así, tenían que encargarse de lo grande, como comprar alimentos para 76 efectivos, 1.000 litros de combustible, 1.200 litros de agua, además de contratar los buses para el traslado de los detenidos y asegurar la llegada de los aviones de Transporte Aéreo Militar para concretar el confinamiento de los indígenas. Pero también de lo pequeño. Así, como consta de la factura de compra Nº 01135 de 25 de septiembre de 2011, extendida de la ferretería “Alán”, debían comprar 20 tenazas cortafrío y 10 docenas de cinta adhesiva masquín, con lo que se debía maniatar y amordazar a las víctimas y si bien la corrupción no da factura; la tortura parece que sí.  Con todo ello, resulta indignante a la luz de los derechos humanos, verdad y justicia, que la Fiscalía decidiera apartar del proceso penal a los principales autores intelectuales, bajo el inaudito argumento de que en la masacre de Chaparina se produjo una \»ruptura de la cadena de mando\». Es decir que la acción habría sido producto de una determinación inesperada, no planificada, aislada y oficiosa de “alguien” que actuó sin el conocimiento de las autoridades superiores. Todo ello, amparados en que el excomandante de la Policía Jorge Santiesteban, “dijo” que no tenía conocimiento de la intervención; que el viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán, dijo que había llegado al lugar el 24 de septiembre por la tarde, sólo para ver qué había sucedido, horas antes, cuando el Canciller fue obligado a marchar con los indígenas; y por más ilógico que resulte, Sacha Llorenti, dijo que no fue responsable, ya que el operativo planificado para la madrugada del 25 y se “precipitó” hasta la tarde, tan absurdo como decir, no pude llegar ayer en la   madrugada porque mañana anocheció de repente.

Y probablemente que libren de culpa y pena a los autores intelectuales de la masacre de Chaparina, inclusive con absurdos argumentos, fue una determinación esperada, ya que la cooptación del poder judicial y el sometimiento del Ministerio Público al gobierno era total; pero lo que no fue esperado, es la designación de Sacha Llorenti, como Embajador boliviano ante la Organización de las Naciones Unidas. Lo cual, implicaba un mensaje del nivel de violación de derechos humanos e impunidad en la que vivíamos, tal que permitía a quienes ostentaban el poder, que se daban el lujo de nombrar a uno de los principales violadores de derechos humanos en su país, como miembro del más alto organismo internacional encargado de proteger los mismos.

A poco tiempo de cumplirse una década de impunidad y cuando todo parecía quedar en el olvido, surge la voz de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante el informe de admisibilidad No. 113/20, el cual considera atendible la denuncia presentada por los miembros de las comunidades indígenas del Tipnis, tanto por la construcción de la carretera que afecta a ese territorio indígena, así como por la violenta represión sufrida por los defensores de la naturaleza. Este paso llamémoslo procesal, cobra una enorme importancia para las y los bolivianos. Toda vez que, a partir del mismo, se abren las puertas para la determinación de responsabilidad por una planificada y premeditada violación de Derechos Humanos; pero además para la constatación de la ineficacia de un sistema judicial cooptado por el anterior gobierno y que dio lugar a la más absoluta impunidad de los perpetradores. Esperemos pues que, el Caso llegue a sentencia de fondo y conforme a la línea jurisprudencial del sistema regional, se demuestre que lo sucedido en Chaparina no es sólo daño colateral del ejercicio y abuso del poder; sino una vulneración a los compromisos adoptados por nuestro país en materia de derechos humanos y la necesidad de adoptar acciones para investigar, sancionar y en la medida de lo posible reparar el daño ocasionado.