El pasado día viernes 20 de noviembre, los Consejeros de la Magistratura, Dolka Gómez y Omar Michel, anunciaron que en menos de una semana se designarán a más de 150 jueces para cubrir las acefalías en el Órgano Judicial. Ello, en respuesta al “oprobioso” pronunciamiento del Ministro de Justicia, quien cuestionó la falta de gestión por más de un año de parte de las máximas autoridades del Consejo de la Magistratura, lo que a su vez trabó la designación de varios funcionarios judiciales y el acceso a la justicia de la población.
La salida de una designación masiva de jueces, parecería todo, menos una solución o subsanación del problema pues, este grupo de consejeros, en la actualidad enfrentan varias denuncias de uso indebido de influencias, manipulación de jueces, venta de cargos y fraudulentos procesos de selección. Por lo que, manifestar que nombrarán un centenar de jueces en menos cinco días hábiles, suena más a tratar de obtener un último “bono” de fin de año.
Es interesante la respuesta del ministro de justicia, quien el lunes 23 de noviembre, dijo que más allá de las intenciones de los Consejeros, hay una responsabilidad por un año de haber dejado sin justicia y por lo que en realidad lo que deberían hacer es tomar una decisión “patriótica” y renunciar, dar un paso al costado y dejar al gobierno encarar una reforma judicial. Todo ello, bajo apercibimiento de iniciarles un juicio de responsabilidades. Declaraciones lógicas y plausibles, pero que también fueron objeto de crítica, en sentido de que una reforma del Órgano judicial no puede provenir de parte de otro Órgano, como es el Ejecutivo.
Parecería que estamos en una encrucijada en la que, debemos preguntarnos si el fin justifica los medios, pues sería inaudito dejar que las autoridades apuntadas por varios flancos de cometer actos de corrupción en el nombramiento de jueces, pretendan ahora proseguir sus acciones a título de “salvar” la institucionalidad del Órgano Judicial; pero por otra dejar que continúen, sólo perpetuaría un régimen de impunidad respecto al manejo de lo que fue la judicatura en Bolivia.
Sin duda, el gobierno tendría que respaldar a un ministro que se ha comprometido con sanear la crisis judicial. No obstante, esto podría desencadenar que los Consejeros, se victimicen, como ya lo hicieron en una anterior oportunidad y pretendan instrumentalizar los sistemas de protección regional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidiéndole les otorgue medidas cautelares ante una persecución de tipo político.
En todo caso, la salida no parece tan sencilla, ni siquiera con una renuncia acordada, mediante la cual los suplentes, se sometan a reformas a sus reglamentos para la designación transparente de jueces, ya que existen otros sectores que han contribuido a la crisis judicial y que tienen profundos intereses, como los altos tribunales de justicia (constitucional, ordinaria y agroambiental), las cuotas de poder y el control de un gremio que podría constituirse en un nuevo frente opositor al gobierno.
